La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados concluyó este fin de semana el nuevo dictamen para la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con alrededor de 50 modificaciones fundamentales incorporadas tras intensas negociaciones con agricultores y transportistas. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, informó sobre el avance en un mensaje en su cuenta de X, destacando que los legisladores analizaron detalladamente 124 artículos para aclarar y precisar aspectos que benefician a productores, industriales y, sobre todo, al acceso humano al agua. Estas actualizaciones responden directamente a las demandas surgidas de jornadas de protestas que incluyeron bloqueos carreteros, tomas de casetas y aduanas en varios estados, impulsadas por el temor al acaparamiento del recurso y la pérdida de derechos adquiridos. El dictamen, que se someterá a votación en la comisión el próximo miércoles 3 de diciembre para su posterior debate en el Pleno, busca preservar la rectoría estatal sobre el agua mientras equilibra el desarrollo económico con la protección social, reconociendo su rol vital en la seguridad alimentaria y el crecimiento nacional.
Entre los ajustes más destacados, el documento redefine conceptos como «reasignación» y «uso agropecuario familiar», elimina la «seguridad hídrica» como mecanismo para reducir volúmenes concesionados y fortalece el control interno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se precisan procedimientos para la transmisión y sucesión de concesiones, asegurando que los derechos se trasladen junto con la tierra en ventas o herencias, con plazos de hasta 20 días hábiles para expedir nuevos títulos y mantener el volumen, uso y plazo original. Además, se regulan sanciones por usos indebidos, con multas proporcionales a la gravedad y reincidencia, así como suspensiones o revocaciones de permisos, tipificando delitos contra las aguas nacionales pero con excepciones para consumos domésticos o familiares que no representen riesgos. En la Ley General de Aguas, se incorpora el derecho al saneamiento y obligaciones estatales para prevenir violaciones, junto con plazos de 180 días para que las entidades federativas armonicen su legislación, priorizando la inclusión de comunidades marginadas.
Por su parte, Monreal enfatizó la colaboración con Conagua y el reconocimiento a la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia los sectores vulnerables, así como a la Secretaría de Gobernación por mediar acuerdos que incluyen mayor seguridad en carreteras. Este enfoque coordinado, con criterios técnicos, sociales y económicos, subraya la intención de inyectar eficiencia y certeza jurídica al manejo del recurso, evitando abusos históricos y promoviendo una gestión sostenible. El legislador morenista subrayó que estas reformas no solo atienden reclamos inmediatos, sino que posicionan al agua como pilar de justicia social en México, en un contexto donde su mal uso ha profundizado desigualdades. La discusión en el Pleno podría marcar un hito en la reglamentación pendiente desde la reforma constitucional de 2012, observada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
