El Ayuntamiento de San Francisco del Mar implementó una nueva normativa para la crianza de cerdos dentro de la cabecera municipal, la cual estableció que todos los corrales debían ubicarse a una distancia mínima de 100 metros de cualquier zona habitacional. Bajo el argumento de priorizar la salud pública y la higiene, las autoridades determinaron que los propietarios debían realizar limpieza diaria en sus espacios de cría. No obstante, la medida incluyó sanciones severas para quienes omitieran estas disposiciones, contemplando multas económicas de 300 pesos o, en su defecto, el decomiso definitivo de los ejemplares.
Esta determinación gubernamental generó una creciente preocupación entre los pobladores, quienes señalaron que la exigencia de distancia fue prácticamente imposible de cumplir debido a las dimensiones reducidas de los predios locales. En un contexto donde muchas calles carecen de pavimentación y sistemas de drenaje, las familias manifestaron que la construcción de infraestructura para la gestión de residuos resultó inviable por la falta de servicios básicos. La inquietud se acentuó al considerar que la crianza de traspatio representa el único sustento económico para trabajadores del campo y pescadores, quienes utilizan la venta de estos animales para solventar urgencias médicas o gastos básicos del hogar.
A pesar de las críticas por el impacto financiero que representó para los sectores más vulnerables, el gobierno local habilitó una línea telefónica para recibir denuncias ciudadanas contra aquellos que incumplieran las reglas sanitarias. Mientras tanto, la comunidad se mantuvo a la expectativa de posibles apoyos o alternativas de reubicación por parte del ayuntamiento, pues advirtieron que, sin un programa de acompañamiento, la normativa solo agudizaría la precariedad económica de las familias humildes que dependen de esta actividad para subsistir.
