Integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos denunciaron una agresión por parte de elementos de la Policía Estatal en la carretera 131 Oaxaca-Sola de Vega, a la altura de la comunidad de Santa Cruz Nexila. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche, cuando Esaú Juárez Martínez y un compañero fueron detenidos sin argumento aparente, pese a contar con documentación vehicular en regla y conducir de manera adecuada. Según el relato, los uniformados actuaron con prepotencia, ordenándoles bajar del vehículo y revisándolos de forma agresiva.
La situación escaló cuando Juárez Martínez solicitó permiso para grabar la interacción, el cual fue inicialmente concedido, pero luego un presunto comandante le arrebató el teléfono, lo amenazó y usó palabras altisonantes. El activista sospecha que el oficial podría haber estado bajo efectos de alguna sustancia, dada su conducta irresponsable y violenta. Cuando el compañero intentó intervenir, fue detenido temporalmente y también intimidado. Los afectados destacan que no opusieron resistencia por temor a un desenlace peor, y lograron conservar un video con audio que evidencia las majaderías y amenazas, aunque no muestra rostros. Tras el incidente, fueron liberados, pero se opusieron a borrar la grabación, que planean usar como prueba.
En respuesta, los miembros de la asamblea exigen al secretario de Seguridad, capitán Iván, que revise el actuar de sus elementos y tome cartas en el asunto para evitar repeticiones. Critican la falta de protocolos claros y capacitación en la dependencia, argumentando que los ciudadanos no deberían temer a quienes los protegen. Además, anunciaron que presentarán denuncias formales ante la Fiscalía, la Defensoría de Derechos Humanos y otras instancias, incluyendo una queja por omisión de los demás policías presentes. Subrayan que el incidente no es aislado y afecta a personas involucradas en temas organizativos comunitarios, por lo que solicitan la intervención del comisionado estatal para sancionar tanto la acción directa como la pasividad de los involucrados.
