Habitantes de la Unidad Habitacional FOVISSSTE Tercera Etapa, en Oaxaca, han denunciado públicamente la instalación de oficinas administrativas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un espacio destinado exclusivamente a viviendas, lo que consideran una decisión arbitraria e impositiva. Según el Comité de la PRODEC A.C. “Ricardo Flores Magón”, esta acción, liderada por la representante estatal Marlene Aldeco Reyes Renata, no fue consultada ni aprobada en asambleas vecinales, violando así el derecho constitucional a la petición, ya que la funcionaria rechazó recibir un documento firmado por los residentes. El flujo constante de vehículos oficiales, personal externo y visitantes ha saturado los estacionamientos, obstruido accesos y alterado la rutina diaria de las familias, generando conflictos que afectan la seguridad y la tranquilidad en una zona habitada por menores y adultos mayores.
A esta problemática se suma la instalación de una antena de comunicaciones dentro del complejo, la cual los vecinos califican como un riesgo innecesario para la salud y la integridad estructural del inmueble. Aunque la antena fue desmontada en tres días tras denuncias por falta de permisos estructurales, los residentes alertan que persisten intentos por reubicar o mantener presencia institucional, lo que agrava la tensión. Esta infraestructura, colocada sin consulta previa, ha sido rechazada por la comunidad, que enfatiza su incompatibilidad con un entorno residencial.
Pese a una reunión virtual con personal de la CNDH a nivel nacional, donde se acordó elaborar una minuta formal y fijar una fecha de desocupación, los compromisos no se han cumplido, incrementando el descontento entre los habitantes. Un residente, quien solicitó anonimato por temor a represalias, señaló que la institución exige respeto a derechos humanos a nivel nacional, pero ignora los de la comunidad local. En consecuencia, los vecinos mantienen lonas de inconformidad y organización comunitaria, exigiendo el retiro definitivo de las oficinas, el respeto a la autonomía vecinal y la garantía de que ninguna otra dependencia gubernamental se instale en el complejo. Finalmente, exhortan a organismos, medios y autoridades a intervenir, argumentando que la CNDH vulnera los principios que promueve.
