Por Oscar García
El secretario de Gobierno de Oaxaca (Sego), Jesús Romero López, informó que, además del histórico retorno de familias desplazadas en San Juan Juquila Mixes, el gobierno estatal tiene identificado un total de 23 casos activos de desplazamiento forzado interno que serán atendidos de manera prioritaria en los próximos meses.
Durante su visita oficial a la agencia Guadalupe Victoria, Romero López destacó que el retorno de 102 familias a esta comunidad marca un precedente en los esfuerzos por la paz y la reconciliación en el estado. Sin embargo, advirtió que aún existen comunidades en diferentes regiones que permanecen en situación de desplazamiento por conflictos agrarios y sociales no resueltos.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló que uno de los casos más urgentes corresponde a las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, en la región Mixteca, donde al menos 156 familias permanecen fuera de su comunidad desde hace varios años.
“El compromiso del Gobierno de Oaxaca es brindar acompañamiento a todas las comunidades que han vivido procesos de desplazamiento. No basta con el retorno, debemos garantizar la seguridad, el acceso a los servicios y la reconstrucción del tejido social”, afirmó Romero López.
El titular de la Sego subrayó que estos procesos requieren coordinación interinstitucional, atención integral y seguimiento constante para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar que las familias puedan rehacer su vida en condiciones dignas y seguras.
Por su parte, Daniel Macguire, oficial principal de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), reconoció el trabajo conjunto entre el gobierno de Oaxaca y el organismo internacional, que permitió concretar el primer retorno en Juquila Mixes tras ocho años de desplazamiento.
Macguire explicó que este logro fue resultado de meses de diálogo, planeación y acompañamiento técnico, y reiteró que la Acnur continuará apoyando los procesos de retorno seguro en la entidad.
“El regreso a casa no es solo un movimiento físico, sino un paso hacia la reconciliación y la reconstrucción de la paz comunitaria”, señaló el representante del organismo.
Con esta estrategia, el Gobierno de Oaxaca busca sentar las bases para una política estatal de atención a personas desplazadas, que permita garantizar la paz y el bienestar en comunidades afectadas por conflictos sociales.
