El Poder Judicial del Estado de Oaxaca avanzó en la promoción de una justicia inclusiva al firmar convenios de colaboración entre su magistrada presidenta, Erika María Rodríguez Rodríguez, y representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet). Estos acuerdos, rubricados con Beatriz Casas Arellanes, directora general de la Casa de los Saberes Jurídicos de la SCJN, y Tomás López Sarabia, director general del Cepiadet, buscan fortalecer un modelo judicial que integre perspectivas interculturales, reconociendo la diversidad cultural como un principio constitucional. En el acto, que congregó a jueces, magistrados, autoridades municipales, académicos y público general, se destacaron acciones iniciales como la habilitación de la Biblioteca Digital de la Escuela Judicial en el portal institucional, junto con la integración de las plataformas Mapa Ndiya y Datos Ndiya del Cepiadet. Estas herramientas facilitarán la elaboración de decisiones judiciales informadas, sistematizando datos sobre pueblos y comunidades indígenas con enfoques territoriales, lingüísticos y culturales.
Por su parte, Rodríguez Rodríguez enfatizó que Oaxaca, por su pluralidad inherente, enfrenta el desafío de validar los sistemas normativos indígenas para garantizar un acceso equitativo a la justicia. Esta colaboración representa un esfuerzo por construir un entorno judicial más cercano y respetuoso de la multiculturalidad, evitando exclusiones basadas en diferencias étnicas o lingüísticas. El evento no solo selló estos pactos, sino que también incluyó una conferencia magistral titulada “Jurisdicción Indígena, ¿Realidad o Ficción?”, impartida por Marcelino Nicolás Sánchez, director de Justicia Intercultural de la SCJN, la cual exploró tensiones entre el derecho estatal y las prácticas indígenas.
Además, en este marco se inauguró el Diplomado Latinoamericano “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales: Pluralismo Jurídico e Interlegalidad”, un programa de 120 horas que abarca formación teórica y práctica en temas como derechos indígenas, género, interseccionalidad y justicia intercultural. Esta iniciativa refuerza el compromiso institucional por una judicatura que dialogue con la realidad pluricultural del estado, promoviendo análisis contextualizados que enriquezcan las resoluciones judiciales y fomenten la inclusión social.
