La minería metálica impulsa la economía global al contribuir con más del 10 por ciento al producto interno bruto mundial, suministrando metales esenciales para dispositivos cotidianos como celulares y automóviles. Sin embargo, su expansión anual de entre 6 por ciento y 8 por ciento, proyectada a duplicarse para 2030, genera graves consecuencias ambientales y humanas. El proceso de extracción libera gases de efecto invernadero y partículas tóxicas que contaminan aire y agua, mientras que los desechos conocidos como «jales» forman montañas de residuos con altos niveles de metales pesados como plomo, mercurio y arsénico. Estos se dispersan por viento y erosión, afectando plantas, animales y comunidades cercanas. Aunque la industria emplea solo el 1 por ciento de la fuerza laboral global, causa el 8 por ciento de las muertes laborales, elevando el riesgo 80 veces respecto a otros sectores. Los trabajadores, a menudo excluidos de los beneficios de los productos finales, enfrentan estos peligros diariamente.
A pesar de que el cierre de minas no resuelve los problemas, persisten legados tóxicos en áreas protegidas como la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla en Morelos, donde la minería de plata subterránea data del siglo XVI y cesó en 1990 tras la quiebra de la empresa. Abandonados sin tratamiento, unos 780,000 toneladas de jales —equivalentes a 77 torres Eiffel— contienen plomo, arsénico y vanadio que superan de cuatro a siete veces los límites normativos mexicanos. La comunidad rural de Huautla, ubicada a solo 500 metros, depende de pozos mineros para agua, lo que ha resultado en que el 65% de la población evaluada presente al menos un metal pesado en su organismo, y el 92 por ciento más de uno, con niveles comparables a los de sobrevivientes de conflictos como la guerra de Irak. Esto provoca enfermedades crónicas, cardiovasculares y degenerativas, además de impactos en el neurodesarrollo infantil, afectando memoria, atención y habilidades matemáticas básicas.
Por otra parte, México enfrenta desafíos adicionales con 24,066 concesiones mineras activas hasta 2022, cubriendo el 8.59 por ciento del territorio nacional. La adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) vía el TLCAN ha desencadenado demandas de corporaciones extranjeras contra el gobierno por priorizar la protección ambiental y comunitaria. Casos como el de Metalclad, que cobró 15.6 millones de dólares por el cierre de un depósito de basura, o Odyssey Marine Exploration, que exige 37 millones por negar la extracción de fosfato en Baja California, ilustran cómo estas disputas penalizan esfuerzos conservacionistas. En última instancia, el consumo de artefactos modernos impone costos humanos y ecológicos desproporcionados a regiones extractivas.
