Madres y padres de familia de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) número 145 “General Antonio de León”, en Huajolotitlán, Oaxaca, han elevado sus voces para demandar una investigación profunda por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Este reclamo surge a raíz de un incidente de intoxicación masiva ocurrido el 17 de octubre, que afectó a decenas de estudiantes y ha generado preocupación por posibles secuelas persistentes en algunos jóvenes. Los familiares, indignados por la aparente falta de apoyo de los directivos escolares, acudieron este lunes a la Vicefiscalía Regional en Huajuapan de León para interponer denuncias formales, exigiendo que se identifique y sancione a los responsables. Además, anunciaron que sus hijos no retornarán a clases hasta que se esclarezcan las causas exactas del suceso, priorizando la salud y la seguridad por encima de la continuidad educativa.
El episodio se desencadenó durante una actividad interna en el plantel, donde personal docente ofreció café, pan y tamales a los estudiantes. Poco después de consumirlos, varios jóvenes reportaron síntomas como mareos y dificultades respiratorias, lo que motivó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Inicialmente, se identificaron 32 afectados: 15 fueron trasladados al Hospital Rural del IMSS en Huajuapan de León, mientras que el resto recibió atención en el centro de salud local de Huajolotitlán. Aunque la mayoría fue dada de alta el mismo día sin complicaciones graves, según los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), los padres denuncian que algunos alumnos continúan experimentando efectos residuales, lo que intensifica su llamado a una acción judicial expedita.
En respuesta, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepriso) realizó un operativo de vigilancia sanitaria en el colegio, evaluando las condiciones de higiene en la cafetería y el área de alimentos. Durante la inspección, se verificaron aspectos como el cloro residual en el agua, que cumplía con la Norma Oficial Mexicana, y se aplicaron medidas correctivas y preventivas. Además, se impartieron capacitaciones al personal manipulador de alimentos, y se estableció una coordinación continua con autoridades locales y educativas para prevenir futuros incidentes. Estas acciones buscan restaurar la confianza en el entorno escolar, aunque los familiares insisten en que solo una investigación penal garantizará justicia y transparencia.
