La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el traslado de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales hacia Estados Unidos constituye una decisión soberana de México. Aunque la petición proviene del Departamento de Justicia estadounidense y surge de los grupos de entendimiento bilateral, el Consejo Nacional de Seguridad evaluó cada caso con base en la conveniencia para el país. La jefa del Ejecutivo subrayó que se pone a México por encima de todo y que la medida fortalece la seguridad nacional y la seguridad pública.
Sheinbaum rechazó interpretaciones de que la entrega busque quedar bien con autoridades extranjeras o responda a presiones externas ajenas al proceso formal. La decisión se adopta tras un análisis riguroso de la política de seguridad nacional, la protección de la soberanía y los intereses del Estado mexicano. De este modo, el gobierno colabora en coordinación internacional sin ceder la autonomía en la determinación final.
La mandataria insistió en que no se trata de una entrega automática ante cualquier solicitud, sino de un procedimiento selectivo donde prevalece el criterio soberano. Con esta acción, México avanza en la cooperación bilateral contra la delincuencia organizada, pero siempre desde la perspectiva de sus prioridades internas. El traslado, ejecutado el martes previo, involucra a operadores de alto impacto requeridos por delitos graves en territorio estadounidense.
