Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como representante legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó por 24 años. La decisión, comunicada en una carta titulada “En otras trincheras de lucha”, responde a motivos personales y de salud que le impiden continuar con la defensa del caso, el cual requiere plena dedicación debido a su complejidad y las amenazas recibidas. Rosales, originario de Totomixtlahuaca, Guerrero, destacó que se retira con la frente en alto tras contribuir a la lucha por los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
Durante casi 11 años, Rosales lideró la defensa legal del caso Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad que marcó la historia reciente de México. Su trabajo logró avances como el desmontaje de la “verdad histórica” y la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunque el paradero de los estudiantes sigue sin esclarecerse. Enfrentó amenazas de muerte, campañas de desprestigio y espionaje, incluyendo un audio filtrado en 2016 que él negó. Rosales aseguró que la representación del caso continuará a través de Tlachinollan y otras organizaciones como el Centro Prodh.
En su carta, el abogado expresó gratitud a las familias de los normalistas y a organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP). Negó que su salida esté vinculada a una invitación formal para colaborar con la SCJN, aunque admitió mantener un diálogo con Aguilar Ortiz por su lucha compartida por los derechos indígenas. La renuncia se da a un mes del 11° aniversario de la desaparición de los normalistas, mientras los familiares esperan nuevas líneas de investigación prometidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para septiembre.
