Al menos nueve exgobernadores enfrentan prisión o procesos judiciales en México por cargos que incluyen peculado, delitos contra la salud, lavado de dinero, falsificación de documentos, fraude, tortura y vínculos con el crimen organizado. Javier Duarte, ex titular de Veracruz, cumplió nueve años de prisión en abril por asociación delictuosa y lavado, pero en el mismo mes lo vincularon a un nuevo proceso por desvío de 5 millones de pesos. César Duarte, de Chihuahua, permanece en prisión preventiva en el Altiplano por operaciones con recursos ilícitos vinculados a 73 millones de pesos desviados durante su gestión.
Mario Marín, ex gobernador de Puebla, regresó al Altiplano en abril de 2025 tras revocarse su prisión domiciliaria por presunta tortura contra la periodista Lydia Cacho. Tomás Yarrington, de Tamaulipas, deportado desde Estados Unidos, enfrenta reposición de procesos por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero en el mismo penal. Roberto Sandoval, de Nayarit, recibió condena a siete años por falsificación de documentos en 2025, mientras Roberto Borge, de Quintana Roo, obtuvo prisión domiciliaria con brazalete tras absolución parcial por lavado y delincuencia organizada.
Mario Villanueva, de Quintana Roo, cumple prisión domiciliaria por delitos contra la salud debido a su edad y salud. Ney González, de Nayarit, permanece prófugo con ficha roja de Interpol por megafraude en Bahía de Banderas y otras órdenes de captura pendientes. Estos casos ilustran la continuidad de acciones judiciales contra ex funcionarios de distintos periodos y partidos.
