Francia aprobó de manera definitiva una ley que frena el avance de la moda ultrarrápida mediante un sistema de penalizaciones financieras por prenda. La normativa define este segmento por el elevado volumen de artículos puestos en el mercado y el escaso incentivo a la reparación, con multas que escalarán hasta 20 euros por unidad en 2030 y un tope del 50 por ciento del precio sin impuestos. Dichos recursos se destinarán a infraestructuras de recolección y reciclaje de textiles, en un contexto donde el sector representa cerca del 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
La legislación se dirige principalmente a plataformas asiáticas como Shein, Temu y AliExpress, a las que se acusa de inundar el mercado con productos de bajo costo y calidad que generan competencia desleal y montañas de desechos. En cambio, preserva a firmas europeas como Zara o Kiabi al excluirlas de las sanciones más estrictas gracias a un perímetro acotado que prioriza la protección del empleo textil francés y comunitario. Además, obliga a las empresas afectadas a mostrar mensajes de sobriedad, reutilización y reparación en sus sitios, y prohíbe la publicidad, incluso a través de influencers, aunque esta última disposición requiere aprobación de la Comisión Europea.
Con esta reforma, que tardó más de dos años en concretarse, el Gobierno francés busca equilibrar la transición ecológica con la defensa de su industria, tras intensos debates en el Senado y la Asamblea Nacional donde se destacaron los impactos ambientales y laborales de la moda desechable.
