La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, presentó la armonización de leyes secundarias en materia de reforma judicial, con énfasis en la Ley de Amparo, la cual preserva el juicio de amparo como derecho constitucional para proteger los derechos fundamentales del pueblo mexicano. La reforma busca una justicia expedita y eficaz, al incorporar plazos claros y un sistema de justicia digital con validez legal. Además, fortalece la suspensión del acto reclamado y establece reglas precisas para su procedencia provisional y definitiva.
Con esta reforma, se agilizan los procesos del juicio de amparo, que actualmente enfrenta demoras por tecnicismos y vacíos legales, al tiempo que se mantiene la opción de trámites documentales junto con la obligatoriedad de digitalización. En materia de ejecución de sentencias, se exige claridad en las responsabilidades de las autoridades para garantizar el cumplimiento sin pretextos. También se protege el sistema financiero y la economía nacional al conceder medidas de suspensión, según lo determinen los juzgadores.
Para casos de congelamiento de cuentas, los órganos jurisdiccionales asegurarán recursos para obligaciones laborales, fiscales y alimentarias, así como la subsistencia de personas físicas y acreedores. La reforma permite a la Unidad de Inteligencia Financiera obtener y compartir información para prevenir operaciones con recursos ilícitos. Con estas medidas, se pretende modernizar el juicio de amparo y hacerlo más accesible y efectivo para los ciudadanos.
