Trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de los Módulos de Atención Inmediata AVG acumulan tres meses sin salario desde julio, con promesas de hasta 25 mil pesos mensuales por contrato. En paralelo, promotoras de derechos humanos y asesoras jurídicas de los Centros Libres esperan casi dos meses de adeudo desde agosto, pese a un pago único previo. Ambas grupos, integradas en mayo o julio, enfrentan precariedad en ocho y siete municipios con alerta de violencia de género, respectivamente.
La titular Clarisa Gómez Manrique atribuye demoras a fondos federales, pero contratos obligan a pagos mensuales vía Recursos Humanos estatal, con penalizaciones por retraso. Las afectadas, mayoritariamente madres solteras, cubren gastos con préstamos usurarios para traslados y materiales, mientras operan sin mobiliario ni equipo básico. El silencio administrativo genera temores de no recontratación al fin de los seis meses vigentes, lo que compromete programas clave contra la violencia desde 2015.
Un llamado directo a la gobernadora González Saravia busca liberación inmediata de recursos, ya que 21 mujeres en AVG y 40 en Centros Libres sostienen atención en fiscalías y DIF pese a la crisis. La denuncia, basada en contratos y chats grupales sin respuesta, califica el caso como violencia económica laboral que afecta a usuarias vulnerables. Autoridades no han programado reuniones ni fechas de pago, según testimonios anónimos por temor a represalias.
