La Unión Europea autorizó a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, a entrenar sus modelos de inteligencia artificial con contenido público compartido por usuarios adultos en sus plataformas. La decisión, respaldada por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), permite a la compañía utilizar publicaciones, comentarios e interacciones en redes sociales para optimizar su asistente Meta AI, lanzado en Europa en marzo pasado. La medida busca que la IA refleje mejor las culturas, idiomas y matices regionales del continente, según informó Meta en un comunicado
La autorización llega tras un año de controversias y suspensiones. En junio de 2024, Meta detuvo sus planes iniciales por preocupaciones de privacidad planteadas por reguladores europeos, quienes cuestionaron el uso de datos personales sin consentimiento explícito. La DPC, encargada de supervisar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), exigió entonces garantías más estrictas. Meta aseguró que no empleará mensajes privados ni contenido de menores de 18 años, y ofreció a los usuarios un formulario para oponerse al uso de sus datos, el cual promete ser claro y accesible
Fuentes del sector indican que la decisión alinea a Meta con competidores como Google y OpenAI, quienes ya entrenan sus modelos con datos públicos europeos. Sin embargo, la empresa enfrenta críticas por su historial de manejo de datos, lo que llevó a la UE a reforzar la supervisión. La Ley de Inteligencia Artificial, vigente desde agosto de 2024, impone reglas estrictas para garantizar transparencia y protección de los usuarios. Meta notificará a los europeos mediante aplicaciones y correos electrónicos sobre cómo se usarán sus datos y las opciones para excluirse
La compañía argumenta que el entrenamiento con datos diversos resulta esencial para que su IA entienda coloquialismos, humor y contextos locales, mejorando la experiencia en plataformas como WhatsApp, Instagram y Messenger. La DPC continuará monitoreando el proceso para asegurar el cumplimiento normativo, mientras organizaciones de consumidores advierten sobre la necesidad de mayor claridad en los formularios de oposición.
