La administración del presidente Donald Trump congeló dos mil 200 millones de dólares en subvenciones federales y 60 millones en contratos para la Universidad de Harvard tras la negativa de la institución a implementar cambios políticos exigidos por el gobierno. La decisión, anunciada el lunes, pone en riesgo casi 9 mil millones de dólares en fondos federales que la universidad recibe anualmente. Harvard rechazó las demandas de la Casa Blanca, que incluían reformas en la gobernanza, políticas de admisión y contratación, así como la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)
El presidente interino de Harvard, Alan Garber, afirmó que la universidad no comprometerá su independencia ni sus derechos constitucionales. En una carta dirigida a la comunidad universitaria, Garber señaló que las exigencias representan una intervención directa en la autonomía académica, al intentar dictar qué se enseña, quiénes se admiten y qué áreas de investigación se desarrollan. La Casa Blanca justificó la medida al acusar a Harvard de permitir el antisemitismo en su campus, especialmente tras protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza en 2024. Un portavoz presidencial afirmó que las instituciones que violen el Título VI, relacionado con la no discriminación, no son elegibles para recibir fondos federales.
La controversia comenzó cuando un grupo de trabajo federal envió una carta a Harvard la semana pasada, detallando condiciones para mantener el financiamiento. Entre las demandas, se solicitó reducir la influencia de estudiantes y profesores en la toma de decisiones, delatar a estudiantes extranjeros por infracciones y garantizar “diversidad de puntos de vista” mediante auditorías externas. Harvard, a través de sus asesores legales, comunicó que no aceptaría el acuerdo propuesto.
Otras universidades enfrentan presiones similares. La Universidad de Columbia, por ejemplo, perdió 400 millones de dólares en fondos federales tras aceptar parcialmente las exigencias del gobierno. En contraste, Harvard se convirtió en la primera institución de élite en desafiar abiertamente las demandas de la administración Trump. Expertos legales, como el profesor de derecho de Harvard Nikolas Bowie, calificaron la acción como un intento autoritario de limitar la libertad de expresión y la autonomía académica, violando derechos protegidos por la Primera Enmienda.
La suspensión de fondos amenaza investigaciones científicas y médicas cruciales lideradas por Harvard, una de las principales universidades de investigación del país. La medida se suma a otras acciones de la administración Trump contra instituciones educativas, incluyendo recortes a las universidades de Pensilvania, Brown, Princeton, Cornell y Northwestern. El gobierno argumenta que estas escuelas han tolerado el antisemitismo y prácticas discriminatorias, aunque las universidades afectadas sostienen que las demandas exceden el ámbito de la lucha contra la discriminación.
