Por Óscar García
A casi once años de la represión ocurrida durante las protestas contra la reforma educativa en Oaxaca, víctimas de detención arbitraria, tortura y prisión política denunciaron que persiste la impunidad y la falta de justicia por parte de las autoridades estatales y federales.
Integrantes de organizaciones sociales, maestros y defensores de derechos humanos anunciaron el inicio de un Juicio de Protección de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento integral de la recomendación 05/2018 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Durante una conferencia de prensa, las víctimas señalaron que el Estado de Oaxaca mantiene una actitud de omisión frente a las resoluciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos, pese a que han transcurrido más de diez años desde los hechos ocurridos el 7 de junio de 2015.
Ese día, más de 80 manifestantes fueron detenidos por corporaciones estatales y federales durante las movilizaciones realizadas en rechazo a la reforma educativa impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Entre las personas detenidas se encontraban maestros de la Sección 22, integrantes de organizaciones sociales y al menos 23 defensores de derechos humanos que, de acuerdo con los denunciantes, fueron víctimas de detención arbitraria, tortura y diversas violaciones a sus garantías fundamentales.
Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República y trasladados a distintos penales federales de máxima seguridad ubicados en varios estados del país, donde permanecieron encarcelados durante años.
Las víctimas recordaron que en agosto de 2018 el Juzgado Tercero de Distrito resolvió absolverlos por falta de pruebas, además de señalar irregularidades en la actuación de los cuerpos de seguridad que participaron en las detenciones.
En la conferencia, el abogado de la organización Sol Rojo, Javier Salud Mancera, afirmó que a ocho años de haberse emitido la recomendación 05/2018, las autoridades no han cumplido de manera total con las medidas de reparación y justicia ordenadas por la DDHPO.
Precisó que este 28 de mayo la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca abrirá formalmente la audiencia correspondiente al expediente JPDH 03/2025, relacionado con el incumplimiento de dicha recomendación.
Los afectados sostuvieron que este juicio representa una nueva oportunidad para combatir la impunidad y lograr que el Estado reconozca las violaciones a derechos humanos cometidas durante la represión contra el movimiento magisterial y las organizaciones sociales en Oaxaca.
Asimismo, denunciaron que las secuelas físicas y psicológicas derivadas de las agresiones continúan afectando a varias de las víctimas, algunas de las cuales fallecieron después de recuperar su libertad.
Entre los casos mencionados se encuentran los de Javier López Martínez y Luis Enrique López López, quienes, según denunciaron sus compañeros y familiares, murieron tras sufrir afectaciones derivadas de la tortura y los malos tratos padecidos durante su encarcelamiento.
Las organizaciones participantes reiteraron que mantendrán la exigencia de justicia y reparación integral del daño hasta que las autoridades estatales y federales cumplan plenamente con las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos.
