Treinta y tres familias desplazadas de la comunidad de Río Santiago arribaron finalmente a su lugar de reubicación. Llegaron cargando no solo sus pocas pertenencias, sino también historias de dolor, resistencia y olvido. Entre ellas viajan abuelitas, personas con discapacidad, niñas y niños que desde el año 2020 han sido obligados a vivir lejos de su tierra, marcados por la incertidumbre y el abandono institucional.
Estas familias no huyeron por voluntad propia; fueron expulsadas por la violencia, la inseguridad y la indiferencia de un Estado que, en sus tres niveles de gobierno, les dio la espalda. Se cansaron de sobrevivir en condiciones de miseria, sin garantías mínimas, sin protección y sin una ruta clara hacia la justicia. Su desplazamiento es una herida abierta que sigue sin ser atendida.
Hoy no piden privilegios, piden lo elemental: que las autoridades volteen la mirada hacia Río Santiago, que reconozcan a esta comunidad desplazada y actúen con urgencia.
Exigen seguridad inmediata, atención integral a sus derechos humanos y la intervención responsable de la Fiscalía del Estado para que el desplazamiento forzado no quede en la impunidad.
Río Santiago no es una estadística. Son familias, son infancias, son adultos mayores que merecen vivir con dignidad, paz y justicia. Atender su llamado no es un acto de buena voluntad, es una obligación moral, legal y humana.
