Habitantes de Zapotitlán Palmas, distrito de Huajuapan, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir la destitución de todo el cabildo municipal, encabezado por la presidenta Inés Martínez Reyes, debido a presuntos desvíos de recursos y abandono de la comunidad.
La comisión comunitaria, conformada por hombres y mujeres, solicitó a la Cámara de Diputados locales que atienda su demanda, respaldada por un acuerdo de la Asamblea General tomado hace un año, y ejerza su derecho de réplica frente a las acusaciones de violencia política en razón de género presentadas por la presidenta.
Los manifestantes denunciaron que el municipio enfrenta múltiples problemas, como la falta de servicios básicos, seguridad y salud pública, además de irregularidades financieras. Según la comisión, en el trienio 2023-2025, Zapotitlán Palmas manejó un presupuesto de 31 millones 774 mil 624 pesos, de los cuales se reportan desvíos en facturación de obras inexistentes, pagos no reflejados a regidores y cancelaciones de CFDI. Específicamente, señalaron que la presidenta facturó más de 2 millones de pesos en compras de aguas y consumibles, con montos mensuales de hasta 250 mil pesos entre 2023 y 2024, según documentos oficiales.
La protesta también destacó que la demanda no se dirige contra una persona ni contra el género de la presidenta, sino contra toda la administración por abuso de autoridad y pérdida de confianza. Los habitantes presentaron más de 318 firmas en el Congreso para respaldar la desaparición de poderes, superando los 130 votos con los que Martínez Reyes fue electa en una asamblea de 252 ciudadanos en 2023. Además, afirmaron que sentencias del Tribunal Electoral desestimaron las acusaciones de violencia de género por falta de elementos.
La comisión invitó al gobierno estatal y a los diputados a visitar Zapotitlán Palmas para constatar el abandono del municipio. También señalaron que la presidenta desconoció acuerdos firmados en una asamblea del 4 de noviembre de 2023, que ella misma avaló, y que el recurso etiquetado para regidores, por 210 mil pesos, no ha sido entregado, lo que consideran un desvío de fondos. Los manifestantes pidieron al Congreso que analice el dictamen para la desaparición de poderes y no se deje influir por el discurso de la presidenta.
Por su parte, los habitantes aseguraron que continuarán ejerciendo presión para que se investiguen las irregularidades y se cumpla con su demanda de destituir al cabildo completo, insistiendo en que su lucha busca justicia para la comunidad, no un ataque personal ni de género.
