El colectivo Pena Sin Culpa demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una audiencia pública para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva oficiosa. Esta medida afecta a más de 43 mil personas sin sentencia en México, según datos oficiales. La acción busca visibilizar violaciones a derechos humanos y promover alternativas justas.
Daniel García Rodríguez, activista que pasó 17 años en prisión preventiva, y el abogado Simón Hernández León lideran la exigencia. Ellos argumentan que la figura contraviene normas internacionales al encarcelar sin juicio firme y bajo presunción de inocencia. El colectivo solicita además reuniones con ministros y el impedimento de dos ministras por conflictos de interés.
La Corte Interamericana declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa en el caso García Rodríguez vs. México, lo que obliga a reformas en el Poder Judicial. Previamente, la SCJN pospuso el debate hasta septiembre, dejando pendiente el cumplimiento. Esta presión colectiva busca transparencia y supervisión efectiva para evitar arbitrariedades en el sistema penal.
