Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de las infancias y las adolescencias, el congresista Juan Marcelino Sánchez Valdivieso urgió a la LXVI Legislatura local reconocer al matrimonio infantil, precoz o forzado como una forma de violencia estructural en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y en la Ley de los Derechos de Niñas y Adolescentes para el Estado.
Al respecto precisó que el matrimonio infantil no solo priva a las niñas de su infancia y derechos fundamentales, sino también reproduce ciclos de pobreza y desigualdad, al limitar sus oportunidades educativas y laborales, por ello, es una manifestación clara de violencia estructural, que refuerza estereotipos de género, restringe su autonomía y desarrollo personal.
Por ello, enfatizó, que su reconocimiento como violencia estructural es esencial para visibilizar su verdadero alcance, pues no solo es un problema de relaciones interpersonales, sino un fenómeno arraigado en sistemas jurídicos, culturales y sociales que deben ser transformados.
“Los derechos humanos no son negociables, el matrimonio infantil no es un derecho cultural, es violencia”, enfatizó.
La inclusión de esta disposición explicó el promovente, permitirá articular estrategias de intervención temprana, promover el acceso efectivo a la educación, la salud y protección integral, a la justicia y mecanismos para la reparación del daño a las víctimas, así como garantizar que ninguna niña, niño o adolescente sea sometido a uniones forzadas bajo el amparo de los usos, costumbres o normas de un grupo social.
Asimismo, fortalecerá el compromiso del Estado para erradicar esta práctica mediante la implementación de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar el matrimonio infantil y las uniones de hecho que incluyan personas menores de 18 años, reconociendo las implicaciones en la reproducción de la desigualdad de género, la perpetuación de ciclos de pobreza y la vulneración de los derechos la niñez y adolescencia.
La violencia estructural es cualquier acto u omisión que resulta de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que perpetúan la desigualdad, discriminación y exclusión, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, niñas y adolescentes.
Esta forma de violencia no se manifiesta necesariamente en actos directos, sino, a través de estructuras e instituciones que legitiman y normalizan prácticas sociales como el matrimonio infantil, entre otras, limitando el acceso de éstas a derechos fundamentales como a la educación, salud, seguridad y el desarrollo pleno, se precisa en el documento de la iniciativa.
Sánchez Valdivieso refirió que esta proposición es congruente con los avances normativos a nivel internacional, nacional y local que han prohibido el matrimonio infantil; por ello, convocó al Pleno a reforzar su compromiso con los derechos de las infancias y las mujeres respaldando esta iniciativa con proyecto de decreto, con miras a construir un Oaxaca más justo, donde esta población tenga las oportunidades y viva sin miedo a que su futuro sea decidido por terceros.
