En Oaxaca, la Fiscalía General del Estado ha abierto 18 carpetas de investigación por abortos ilegales entre enero de 2024 y julio de 2025, un promedio de un caso al mes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diez de estas denuncias se registraron este año, cinco con consentimiento de las mujeres y tres como abortos forzados. Ningún médico o partera ha sido acusado; catorce casos siguen abiertos, uno llegó a juicio y otro se cerró sin cargos. La mayoría ocurrieron en la capital, con cinco casos, aunque también se reportan en Juchitán, Pochutla, Putla, Tuxtepec y Xoxocotlán.
Han pasado cinco años desde que Oaxaca despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas en 2019, pero muchas mujeres aún enfrentan trabas para acceder a este derecho. En comunidades rurales e indígenas, el estigma social, la falta de información y la resistencia de algunas instituciones de salud dificultan el acceso a servicios seguros. Organizaciones como el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género señalan que la ausencia de protocolos claros y campañas informativas empuja a mujeres a recurrir a métodos clandestinos, con riesgos para su salud.
Por ello, colectivos como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Marea Verde lanzaron en febrero de 2025 la campaña «El aborto seguro es tu derecho», con mensajes en camiones y paradas de Oaxaca y Veracruz para informar sobre servicios gratuitos. Hasta agosto de 2024, los Servicios de Salud de Oaxaca realizaron 2,193 abortos legales en hospitales como el Doctor Aurelio Valdivieso y 11 unidades de IMSS Bienestar. Sin embargo, activistas denuncian que la discriminación racial y las distancias geográficas limitan el acceso. En octubre, el Encuentro Regional de Marea Verde reunió a colectivas del sur para exigir más educación sexual y reproductiva que acabe con la clandestinidad.
