Durante la jornada de este lunes, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, admitió que, pese a los esfuerzos institucionales, México mantuvo una deuda histórica marcada por la discriminación y el abuso hacia las comunidades originarias. En el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el funcionario subrayó que la marginación persistió como un desafío crítico, especialmente en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde la atención a los derechos indígenas se volvió una prioridad de la agenda pública para combatir la desigualdad estructural.
A pesar de este panorama, se destacaron avances legislativos clave, como la reforma al artículo 2 de la Constitución, la cual permitió reconocer a estos pueblos como sujetos de derecho público. Esta modificación jurídica facilitó que la Federación dispersara más de 13 mil millones de pesos de manera directa a los municipios, otorgando a las autoridades comunitarias la facultad de gestionar sus propios recursos para obra pública e infraestructura. Según lo expuesto por el titular del INPI, este esquema de autonomía financiera representó un paso fundamental para resarcir los daños sociales y económicos acumulados por siglos.
En el ámbito de la justicia territorial, la institución dio seguimiento a los conflictos agrarios que afectaron a diversas regiones, con especial énfasis en los Chimalapas. Sobre este tema, se confirmaron trabajos de conciliación y diálogo para resolver las disputas de límites, quedando a la espera de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, Regino Montes destacó que la inclusión de perfiles indígenas en cargos de alta dirección pública es una muestra de la pluralidad étnica que busca transformar las instituciones nacionales y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
