El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) adjudicó un contrato por 36 millones de pesos para la adquisición de material electoral.
El procedimiento se realizó pese a existir una propuesta 15 por ciento más económica. La decisión se tomó en medio de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades administrativas.
De acuerdo con la información disponible, las actuaciones administrativas vinculadas al proceso de adjudicación se llevaron a cabo los días 24 y 25 de diciembre, fechas consideradas inhábiles conforme al calendario oficial.
La determinación fue tomada durante la gestión de Elizabeth Sánchez González, presidenta del IEEPCO, quien encabezó el Comité de Adquisiciones responsable del proceso. La ASF mantiene en revisión diversos expedientes relacionados con el ejercicio de recursos públicos en el instituto electoral.
Propuestas presentadas
El contrato fue asignado a la empresa Flexométrica, S.A. de C.V. para el suministro de material electoral. En el procedimiento también participó Talleres Gráficos de México, que presentó una propuesta económica aproximadamente 15 por ciento menor, además de acreditar infraestructura y experiencia como proveedor institucional en procesos electorales.
La documentación oficial del proceso no detalla de manera ampliada los criterios de evaluación utilizados para la adjudicación del contrato. Hasta el cierre de esta edición, el IEEPCO no había emitido un posicionamiento público adicional sobre el procedimiento ni sobre las investigaciones en curso de la ASF.
Postura del IEEPCO
Ante los señalamientos públicos, la presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, rechazó que exista corrupción en la asignación del contrato, el cual se realizó mediante adjudicación directa para la compra de material y documentación electoral destinada a la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en la entidad.
La consejera presidenta sostuvo que la contratación se efectuó conforme a la ley y respondió a condiciones extraordinarias de tiempo, derivadas de los plazos establecidos para la organización del ejercicio de participación ciudadana.
De acuerdo con Sánchez González, la determinación no fue una decisión personal ni discrecional, sino que fue analizada y aprobada por el Comité de Adquisiciones, instancia responsable de evaluar la viabilidad técnica, financiera y operativa de las contrataciones del organismo electoral.
Falta de tiempo, principal factor
La titular del IEEPCO explicó que el calendario reducido para la preparación de la consulta hizo inviable la realización de un proceso de licitación pública tradicional, ya que este tipo de procedimientos implica plazos más amplios que podrían haber puesto en riesgo la impresión, entrega y distribución oportuna del material electoral.
En ese sentido, precisó que la empresa seleccionada acreditó experiencia previa en la producción de documentación electoral y se comprometió a cumplir con tiempos de entrega más cortos, lo cual fue determinante para garantizar el desarrollo de la jornada.
Legalidad y revisión
Sánchez González aseguró que el contrato cumple con los criterios de legalidad, eficiencia y racionalidad del gasto público, y que la adjudicación directa es una figura prevista en la normatividad vigente cuando existen condiciones excepcionales, como la urgencia operativa.
Asimismo, señaló que el IEEPCO cuenta con mecanismos de control interno y externo, por lo que el contrato podrá ser revisado por las instancias fiscalizadoras estatales y federales.
Finalmente, afirmó que el Instituto se mantiene abierto a auditorías, solicitudes de información y revisiones administrativas, y reiteró que el objetivo central es garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos democráticos establecidos en la ley.
