La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) brinda atención y acompañamiento en el proceso de procuración de justicia para las víctimas del delito de fraude por parte de varios trabajadores y de la agencia de automóviles Chevrolet MEGA Oaxaca S.A. de C.V., además de fungir como mediador para la reparación del daño.
Después de acordar el retiro de un bloqueo vial realizado por las personas afectadas, personal de la Fiscalía de Oaxaca coadyuva junto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobierno (SEGO), así como los Delegados de Paz, que atienden a las víctimas con el objetivo de construir rutas de atención para recuperar los vehículos y el dinero que invirtieron, de acuerdo con las denuncias penales.
Sobre el caso, la Fiscalía de Oaxaca recibió diversas denuncias por parte de personas afectadas que informaron que entregaron vehículos de su propiedad y dinero para adquirir vehículos nuevos, pero los responsables no registraron la recepción de los bienes, por lo que se configura el delito de fraude por parte de empleados de la agencia de automóviles Chevrolet MEGA Oaxaca S.A. de C.V., ubicada en Periférico número 302, Colonia San José La Noria, perteneciente a la ciudad de Oaxaca de Juárez.
En caso que los vehículos que entregaron a la agencia no sean devueltos a las personas afectadas, la Fiscalía de Oaxaca realizará los procedimientos necesarios para abrir nuevas investigaciones, ahora por el delito de robo de vehículo, para llevar a cabo las acciones legales pertinentes para su recuperación.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de las áreas correspondientes, hace los trabajos ministeriales recabando indicios, pues las primeras indagatorias permiten identificar patrones similares en cuanto al modus operandi dentro de las diversas denuncias, con el objetivo de fortalecer la teoría del caso, y con ello, brindar una respuesta inmediata a las víctimas.
Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca realiza las labores ministeriales necesarias que permitan presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de delitos que atenten contra los bienes patrimoniales de la ciudadanía, esto con el objetivo de garantizar a las víctimas el pleno acceso a la reparación del daño.
