Por: Félix Villalobos
Pobladores de San Pedro el Alto, perteneciente al distrito de Zimatlán, denunciaron públicamente a la comunidad vecina de Santa María Lachixío por una serie de hostilidades y actos de violencia que, aseguran, han persistido durante más de 15 años, a pesar de la existencia de un convenio de paz que resolvió un antiguo conflicto agrario.
De acuerdo con los testimonios presentados por autoridades municipales y comunales, el conflicto territorial fue resuelto el 16 de octubre de 2007 mediante un acuerdo oficial promovido por el programa federal COSOMER, el cual asignó el 70 por ciento de las tierras en disputa a San Pedro el Alto y el 30 por ciento restante a Lachixío. A través del mismo mecanismo, el gobierno federal otorgó 17 millones de pesos a la comunidad de Lachixío y 7 millones a San Pedro, como parte del cumplimiento del acuerdo.
Sin embargo, los habitantes de San Pedro acusan a sus vecinos de desconocer el convenio firmado y de continuar apropiándose de tierras que no les corresponden. Aseguran que, aunque oficialmente ya no existe un conflicto agrario, las diferencias persisten a nivel social y se manifiestan en actos de provocación, incursiones y retención de autoridades.
Entre los hechos denunciados destacan la retención de comuneros en mayo de 2014, una emboscada ocurrida en 2015 que dejó ocho heridos y la quema de viviendas y maquinaria. Más recientemente, el 19 de abril, autoridades de San Pedro fueron retenidas durante más de 12 horas en Santa María Lachixío.
Los representantes de San Pedro responsabilizaron al gobierno estatal por su inacción ante los acuerdos incumplidos y señalaron que, a pesar de haber sostenido múltiples mesas de diálogo, las minutas firmadas no se han ejecutado. Anunciaron que iniciarán una serie de manifestaciones pacíficas, incluyendo marchas y posibles tomas de dependencias, para exigir la restitución de sus derechos y el respeto al convenio firmado en 2007.
Los denunciantes reiteraron su disposición a mantener la paz, pero exigieron garantías para su seguridad y el cese de las agresiones. Solicitaron la intervención inmediata del gobierno estatal para evitar una mayor escalada del conflicto.
