Mujeres mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, entregaron una carta al gobernador Salomón Jara Cruz para demandar la cancelación inmediata de 56 órdenes de aprehensión contra defensores comunitarios, las cuales calificaron como “delitos fabricados y prescritos”. La misiva, respaldada por organizaciones de derechos humanos, académicos y ciudadanos nacionales e internacionales, denunció una década de represión sistemática contra la comunidad indígena, que defiende su autonomía, territorio y el río San Gada G.
La carta señaló que desde 2011, más de 40 personas, entre campesinos, madres, mujeres mayores de 65 años y trabajadores de la educación, han enfrentado encarcelamiento, persecución, desplazamiento y procesos judiciales con irregularidades. Actualmente, 14 defensores permanecen perseguidos políticamente, mientras que otros, como Hernídio Monfil, Fernando Gabito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, enfrentan procesos abiertos y firman cada 15 días ante autoridades. La comunidad también exigió la absolución de Miguel Peralta, cuyo caso está en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca, y justicia para el fotoperiodista David Peralta Betanzos, víctima de un intento de homicidio.
Los firmantes acusaron a Elisa Zepeda Lagunas y Manuel Zepeda Cortés de encabezar actos de hostigamiento y explotación de recursos naturales, como la extracción de piedra de los ríos Xangan y Dange, con impunidad. Criticaron el uso desproporcionado de recursos públicos en operativos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y agentes ministeriales contra una comunidad de menos de 5,000 habitantes. La carta urgió una reunión entre los tres poderes del estado para garantizar el regreso seguro de los perseguidos, el cierre de procesos injustos y la protección del río afectado por la criminalidad.
La comunidad mazateca enfatizó que el conflicto refleja racismo estructural y un intento de despojo de sus recursos, lo que ha atraído la atención internacional. Advirtieron que la situación no es solo un asunto jurídico o político, sino ético y humano, y llamaron al gobernador a revertir lo que calificaron como una de las peores páginas de abuso de poder en la historia reciente de Oaxaca.
