Habitantes de San Marcos Arteaga, municipio perteneciente a la región Mixteca, mantuvieron este lunes una toma del palacio municipal para demandar la separación definitiva de Leonardo V. S. de su cargo como presidente municipal. La protesta derivó de la inconformidad social ante el proceso penal que enfrenta el edil por el delito de abuso sexual agravado, situación que se suma a un historial de tensiones iniciadas en julio de 2025. Los manifestantes sostuvieron que la continuidad del funcionario vulnera la representación institucional y la ética pública, especialmente tras su vinculación a proceso dictada en diciembre pasado y los antecedentes de violencia política en razón de género acreditados en el expediente SX-JDG-20226.
Aunado a los señalamientos legales, la comunidad denunció presuntas irregularidades en la ejecución de los nueve millones de pesos del presupuesto anual, señalando una carencia crítica de obras en servicios básicos como el alumbrado público y el suministro de agua potable. Este descontento ha escalado al ámbito social y educativo, donde comités de padres de familia y colectivos como Marea Verde Mixteca han optado por el cese de colaboración con el Ayuntamiento. Incluso, se reportó el riesgo operativo de la preparatoria local y el posible boicot a la fiesta patronal como medidas de presión ante lo que consideran una contradicción institucional, ejemplificada en la reciente participación del edil en convenios con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Por su parte, las autoridades municipales manifestaron su respeto a la libertad de expresión, aunque advirtieron que la interrupción de los servicios públicos podría acarrear sanciones legales. No obstante, tras una jornada de movilización y diálogo con representantes estatales, los inconformes accedieron a liberar el inmueble de manera temporal bajo la advertencia de retomar bloqueos carreteros y cierres permanentes si no se concreta una respuesta resolutiva a su exigencia de destitución. El conflicto permanece activo en espera de que las instancias estatales determinen la viabilidad de la permanencia del alcalde frente a la presión ciudadana y su situación jurídica actual.
