Familiares de presos políticos de Eloxochitlán celebran un fallo federal que desechó la acusación de tentativa de homicidio, al calificarla como una fabricación sin sustento. Los magistrados determinaron que los testigos eran falsos, la narrativa acusatoria resultaba inverosímil y carecía de elementos probatorios requeridos por la ley, pese a los 12 años transcurridos sin pruebas adicionales. Esta resolución, considerada histórica por los afectados, aplica directamente a los casos de 14 exiliados y a otros cinco procesados en Huautla de Jiménez, quienes han enfrentado retrasos procesales y hasta una década en prisión sin sentencia. En este contexto, los familiares acusan a la diputada Elisa Zepeda de haber falsificado evidencias y mentido en declaraciones, lo que ha dañado a decenas de personas y familias en la comunidad mazateca.
Ante esta situación, los familiares demandan la destitución inmediata de Zepeda del Congreso, argumentando que una persona con tales antecedentes no puede continuar en funciones públicas. Además, anuncian que impulsarán una denuncia por falsedad en declaraciones dentro del plazo de un año establecido por la ley, y buscan mecanismos legales para compensar los daños irreparables causados durante estos 12 años, aunque reconocen la complejidad de cuantificar pérdidas como vidas truncadas. A pesar de intentos de difamación por parte de la diputada, la comunidad mantiene su compromiso con vías legales, y planea una movilización ante el Tribunal Superior de Oaxaca para extender los criterios del fallo al delito de homicidio, donde se usaron los mismos testimonios calificados como falsos. En paralelo, destacan que el 5 de marzo recibirán un amparo contra 200 órdenes de aprehensión en Boca del Río, Veracruz, con expectativas favorables basadas en precedentes, lo que podría llevar el caso de los exiliados hasta la Suprema Corte de Justicia.
Esta sentencia no solo desmonta una acusación central, sino que obliga a los juzgados locales a aplicar sus criterios, denunciando arbitrariedades y criminalización que han sometido a la comunidad indígena a lo que describen como delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, el panorama cambia drásticamente, al abrir puertas para la liberación de los exiliados y el cierre de procesos pendientes, aunque aún quedan batallas en instancias locales y federales para garantizar justicia integral.
