Integrantes de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón dieron a conocer la obtención de un amparo federal que deja sin efecto 200 órdenes de aprehensión dictadas contra 50 defensores del territorio. La resolución, emitida el pasado 19 de marzo por la jueza Alba Lorena Barrales Oviedo, con sede en Veracruz, determinó que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca carecía de sustento probatorio para sostener las imputaciones de robo e incendio. Según los argumentos legales validados, las acusaciones resultaban logísticamente imposibles, al señalar el robo de más de dos toneladas de mercancía en un lapso de apenas 80 minutos, lo que evidencia una inconsistencia técnica en la fabricación del caso.
Aunado a la victoria jurídica, los pobladores denunciaron en conferencia de prensa que este proceso penal, que se ha extendido por más de una década, responde a una estrategia de criminalización para facilitar el saqueo de recursos naturales en la región, específicamente de materiales pétreos del río Changanda. Los voceros señalaron directamente a la diputada local Elisa Zepeda Lagunas y a su familia de instrumentar estas acciones legales como un mecanismo de control político y social. En este sentido, la comunidad exigió que el Congreso del Estado y las instancias partidistas tomen medidas ante lo que calificaron como una simulación de justicia que ha afectado la integridad de mujeres y familias desplazadas.
Finalmente, los representantes de Eloxochitlán hicieron un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia para que acaten de forma inmediata el fallo federal y cesen definitivamente la persecución. Tras la sentencia que favoreció previamente al antropólogo Miguel Peralta bajo criterios similares de falta de fiabilidad probatoria, los comuneros advirtieron que mantendrán sus movilizaciones hasta que se garantice la libertad plena de todos los implicados y se detenga la tortura institucional que han denunciado durante los últimos 12 años bajo el actual gobierno estatal.
