La violencia de género en Oaxaca sigue manifestando su lado más atroz a través de ataques con fuego y sustancias inflamables, que destacan tanto por su brutalidad como por la necesidad de respuestas institucionales y sociales contundentes. En el arranque de 2026, un caso en San Pedro Jicayán sacudió a la entidad: Idanelli sufrió un intento de feminicidio cuando su esposo, Eduardo M. L., un exmilitar, supuestamente la roció con alcohol etílico y le prendió fuego por rechazar beber con él. Detenido días después, enfrenta cargos por tentativa de feminicidio. Este incidente se une a otro de abril de 2025 en Pochutla, donde José Luis K. fue arrestado por intentar quemar a una mujer en Santa María Colotepec. Aunque las estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran una disminución en 2025 —89 muertes violentas de mujeres, 16% menos que en 2024, y 16 feminicidios, un 20% por debajo del año previo y 63.6% respecto a 2021—, estos episodios revelan que la crueldad no cede terreno.
En el marco legal oaxaqueño, estos ataques se tipifican como tentativa de feminicidio desde la reforma al Código Penal de 2023, aplicable incluso si la víctima sobrevive, siempre que las lesiones amenacen su vida y respondan a motivos de género. La pena, similar a la del feminicidio consumado (40 a 60 años), incluye prisión preventiva obligatoria y se agrava si el agresor es pareja o los hechos ocurren ante familiares. Además, la «Ley Malena» castiga específicamente el uso de gasolina, alcohol u otras sustancias que causen quemaduras graves o desfiguración, con sanciones hasta de 40 años. Casos históricos subrayan esta problemática: en 2021, Edgardo R. Á. recibió 80 años por quemar a su esposa en Matías Romero en 2017, quien agonizó 35 semanas; y en 2019, Wendy A. B. murió tras ser rociada con gasolina en un bar de Oaxaca de Juárez, lo que derivó en detenciones por homicidio calificado.
Expertos y organizaciones de derechos humanos enfatizan que, pese a la baja en feminicidios consumados, los intentos mantienen patrones de extrema violencia, mayoritariamente en entornos domésticos. Estos actos no solo buscan la muerte, sino infligir daños permanentes como forma de dominación. Aunque la legislación envía un mensaje de intolerancia, las activistas insisten en que la justicia debe ir más allá de las sanciones: urge potenciar la prevención, la detección temprana de violencia familiar, la protección a mujeres en riesgo y el apoyo integral a sobrevivientes. Mientras persistan tales agresiones, las mejoras estadísticas no bastan para erradicar esta forma de violencia feminicida en la región.
