Ciudadanos de Santiago del Río, Oaxaca, entregaron esta mañana un escrito al gobernador del estado solicitando garantías para las elecciones municipales programadas para el próximo 14 de diciembre a las 11:00 horas. En el documento, expresan su preocupación por irregularidades ocurridas durante una asamblea prevista para el 23 de noviembre, donde la presidenta municipal, Lourdes González López, condicionó el desarrollo del evento a la salida de ciertos asistentes, incluyendo residentes de San Pedro del Río y otros no alineados con su administración. Los firmantes argumentan que esta acción vulnera sus derechos electorales, como el de votar y ser votados, y señalan intenciones de reelección o sucesión familiar, específicamente hacia su hermana Karina González López, quien ocupa un cargo federal como servidora de la nación, lo cual contraviene normativas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO).
Además, los denunciantes, entre ellos Beatriz Navarrete e Ignacio Molina, reportan discriminación mediante listas de asistencia separadas: una para «nativos» y otra para «foráneos» o no cooperadores durante el trienio. Describen incidentes de confrontación, como el agarre físico por parte de una regidora suplente llamada Cecilia y la negación de acceso por la secretaria municipal Verónica, lo que generó tensiones. Ante la lectura de un dictamen del IEPCO que impide la reelección o traspaso a familiares, la asamblea se pospuso. Los ciudadanos demandan un cambio total, rechazando el cacicazgo y la perpetuación de poder en una misma familia, y urgen auditorías a obras reportadas como concluidas pero inexistentes, como revestimientos de caminos por más de 820 mil pesos en rutas hacia San Francisco Igos, o gastos de casi 300 mil pesos en otras vialidades sin evidencia física, además de una biblioteca inconclusa.
En este contexto, solicitan presencia de personal del IEPCO y fuerzas de seguridad para custodiar el orden público el día de las votaciones, ante antecedentes de intimidación por individuos con historial delictivo, incluyendo feminicidios y homicidios. También alertan sobre amenazas de muerte contra candidatos potenciales como Ignacio Molina, bloqueos de acceso a la comunidad y manipulación de programas federales, como la retención de apoyos a adultos mayores no afines. Los pobladores enfatizan su lucha por justicia y un desarrollo equitativo, sin distinciones partidistas, y piden atención urgente para evitar un proceso electoral viciado que perpetúe el abandono en su municipio.
