Integrantes del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) protestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar el despojo de tierras en Playa Salchi, San Pedro Pochutla, en la costa de Oaxaca.
Las comunidades acusan a figuras políticas locales, incluyendo al presidente municipal de Pochutla y al comisariado de bienes comunales, de estar involucrados en la venta ilegal de tierras comunales, junto a presuntos promotores del Partido Verde Ecologista de México. En el centro de la controversia está Miguel Sánchez Hernández, campesino que ha perdido 10 hectáreas de su predio, el cual posee desde hace más de 60 años, según denunciaron las organizaciones.
El pasado 7 de junio, 14 organizaciones campesinas y populares se reunieron en el primer foro por la defensa del territorio en Playa Salchi, donde exigieron respeto a los derechos agrarios y la autonomía de las comunidades. Los manifestantes señalaron que las autoridades municipales y estatales han guardado silencio, permitiendo ventas ilegales, concesiones a espaldas de las comunidades y la criminalización de quienes defienden sus tierras. Además, denunciaron que Sánchez Hernández ha enfrentado amenazas y hostigamiento por parte de grupos armados, situación que se ha agudizado tras el foro, poniendo en riesgo su seguridad y la de las comunidades que lo apoyan.
Asimismo, las organizaciones denunciaron casos similares en Playa San Agustín, El Coyote y la comunidad del Coyol, donde defensores de territorios enfrentan procesos judiciales y hostigamiento por proteger sus tierras de despojos impulsados por figuras locales y empresarios. Por ello, anunciaron el inicio de una jornada de lucha que incluye una caravana rumbo a Palacio Nacional para exigir justicia y audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionando la protección a quienes, según los manifestantes, se escudan en el Partido Verde y Morena.
En su pronunciamiento, el FORO responsabilizó a autoridades locales y al gobierno estatal de cualquier agresión contra Sánchez Hernández o los defensores del territorio, exigiendo un alto a la criminalización y cárcel para los responsables de los despojos. La lucha, afirmaron, busca proteger las tierras y playas de Oaxaca, que “no se venden, se cuidan, se defienden y se liberan”.
