Colectivos oaxaqueños se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para rechazar la gentrificación y turistificación, procesos que, según afirmaron, despojan a comunidades de sus territorios y encarecen la vida cotidiana.
Los activistas señalaron a fondos inmobiliarios, plataformas digitales como Airbnb y políticas públicas neoliberales como responsables de la privatización de espacios urbanos y rurales, desplazando a miles de personas. Enfatizaron que su lucha no se dirige contra extranjeros, sino contra un modelo extractivista que convierte vivienda, suelo y cultura en mercancías.
Los manifestantes denunciaron que el gobierno evade su responsabilidad al calificar las protestas como xenófobas, cuando en realidad buscan defender el derecho a permanecer en sus lugares de origen. Criticaron la folklorización de comunidades indígenas mediante programas como “pueblos mágicos”, que, aseguraron, convierten la cultura en atractivo turístico mientras desplazan o empobrecen a sus habitantes.
Asimismo, exigieron el fin de megaproyectos, una moratoria a nuevas licencias de alojamientos turísticos en zonas tensionadas, regulación estricta de plataformas digitales y la expropiación de viviendas acaparadas por fondos inmobiliarios.
Los colectivos subrayaron que su movimiento no es nacionalista ni turismofóbico, sino una defensa de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de comunidades indígenas y populares. Rechazaron el modelo de “ciudad global” que uniformiza la cultura y borra desigualdades, abogando por un reconocimiento real de los pueblos originarios como sujetos políticos, no como productos turísticos.
