En Oaxaca, las personas adultas mayores enfrentan una vulnerabilidad particular ante el despojo de sus propiedades, sin que existan estadísticas oficiales que dimensionen específicamente esta problemática. Tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) como la Fiscalía General del Estado registran las denuncias de manera general, sin desglosar la edad de las víctimas, lo que invisibiliza el impacto en este sector.
En la colonia Estrella, doña Inés, de 75 años, vive sola y renta cuartos para subsistir. Vecinos relataron que desde hace más de tres años los inquilinos dejaron de pagar y se niegan a desalojar. “Al principio pagaban, luego se atrasaban y ahora nada; ella tiene miedo de enfrentarlos”, comentó Lorena, una vecina que, junto con otros, ha ofrecido ayuda, aunque doña Inés no acepta denunciar por temor. En la colonia Cuauhtémoc, don Felipe, de 80 años y viudo, fue llevado a un asilo por sus hijos hace un año, mientras la vivienda familiar se renta a terceros. Los vecinos califican la situación como injusta y desconocen las condiciones en que vive actualmente el anciano.
Para el abogado Gustavo Alejandro Cruz, dirigente de Praxis Universitaria, los adultos mayores son el grupo más olvidado en materia de acceso a la justicia, incluso aquellos que reciben pensión federal. Destacó que sufren maltrato psicológico, emocional y físico, muchas veces por familiares cercanos, y urgió la creación de leyes más protectoras.
A nivel estatal, de enero a octubre de 2025 se iniciaron 666 carpetas de investigación por despojo, cifra menor a las 721 del mismo periodo de 2023. Sin embargo, hace unos días la Cámara de Diputados federal aprobó reformas al Código Penal que elevan las penas hasta 15 años de prisión cuando la víctima sea persona adulta mayor, y establecen de 6 a 10 años de cárcel más multas de 500 a 2 mil UMA por ocupar un inmueble ajeno mediante violencia, amenaza o engaño.
