Silvia Pérez Yescas, reconocida defensora indígena zapoteca, denunció públicamente la situación de violencia, amenazas y desplazamiento forzado que enfrenta tras el cierre de la Casa de la Mujer Indígena Ciarena, ubicada en María Lombardo de Caso, Oaxaca. La activista responsabilizó a César Pulido Herrera, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de los ataques cometidos por grupos armados en la región.
La también coordinadora de Ciarena advirtió que la presencia de estos grupos ha generado un clima de impunidad, afectando directamente su labor en la defensa de los derechos de mujeres, juventudes y niñez indígena. Afirmó que actualmente no puede regresar a su comunidad por temor a sufrir agresiones físicas.
Entre las situaciones que ha enfrentado se encuentra el allanamiento de su domicilio y el robo de su equipo de trabajo, ocurrido tras su participación en un taller comunitario sobre derechos sexuales y reproductivos. Pérez Yescas lamentó la falta de garantías para ejercer su labor, y enfatizó que ser mujer y defensora en Oaxaca es sinónimo de vivir bajo amenaza constante.
En respaldo a su denuncia, la organización Consorcio Oaxaca exigió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y a la Fiscalía General del Estado (FGEO) que cumplan con sus funciones. Señalaron que el caso de Silvia Pérez no debe sumarse a las estadísticas de agresiones sin respuesta, por lo que urgieron la emisión de medidas cautelares y la instalación de mesas de trabajo para garantizar la protección de personas defensoras.
Consorcio Oaxaca también exhortó al gobernador Salomón Jara a intervenir de manera directa para garantizar la reapertura de Ciarena y brindar condiciones seguras a quienes acompañan casos de violencia de género en la región.
Tanto Silvia Pérez como las organizaciones que la respaldan hicieron un llamado a detener las agresiones y a castigar a los responsables, advirtiendo que el Estado debe actuar antes de que ocurra una nueva tragedia.
