Al cumplirse 16 años del ataque armado contra la caravana humanitaria en San Juan Copala, la activista Sergia Zepeda denunció que el caso permanece en la impunidad y que las familias desplazadas de la región Triqui enfrentan un abandono sistemático por parte de las autoridades. Durante un pronunciamiento público, se recordó el asesinato de la defensora comunitaria Bety Cariño y del observador internacional finlandés Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010. Este suceso, que marcó un punto de quiebre en la violencia paramilitar de la zona, derivó meses después en el desplazamiento forzado de más de 300 familias que, hasta la fecha, no han logrado recuperar sus hogares ni su vida comunitaria en la Mixteca oaxaqueña.
Pese a los cambios de administración estatal, las víctimas señalaron que los gobiernos de Gabino Cué, Alejandro Murat y el actual de Salomón Jara han priorizado la construcción de una narrativa de asistencia pública por encima del acceso a la justicia y el retorno seguro. Zepeda subrayó que la situación de las mujeres desplazadas se ha agravado tras el retiro de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el desalojo del que fueron objeto en el zócalo de la ciudad en diciembre de 2022. A este escenario se suma la falta de operatividad de la Ley Estatal para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno, la cual fue aprobada hace más de medio año sin que se traduzca aún en soluciones tangibles para las familias sobrevivientes.
Finalmente, el reclamo de las organizaciones sociales trascendió la exigencia de justicia por el crimen de 2010, vinculando su lucha con la defensa actual del territorio frente a proyectos extractivos y la labor de las madres buscadoras en el país. El pronunciamiento concluyó con un llamado urgente a cancelar las concesiones mineras que vulneran la autonomía indígena y a detener la criminalización de quienes defienden el agua y la tierra. Para las víctimas, la persistencia de la violencia y la impunidad en Oaxaca no solo es una deuda del pasado, sino una crisis vigente que continúa fracturando el tejido social de las comunidades originarias.
