María Alejandra Jacinto Quevedo, una pedagoga oaxaqueña, se encadenó este martes a los barrotes del kiosco en la capital del estado para denunciar públicamente a su exesposo, Alan Gabriel Samano Chávez, por presuntamente arrebatarle la custodia de su hijo de cinco años, quien padece trastorno autista en grado uno. La mujer, visiblemente afectada pero determinada, exige que se le otorgue la guarda y custodia del menor, argumentando que este no recibe las terapias necesarias ni acceso a la educación desde hace casi tres años, lo que ha impactado su desarrollo: el niño está bajo de peso, aún usa pañal y solo pronuncia palabras básicas como «mamá», «papá», «agua» y «baño», cuando debería tener un lenguaje más fluido.
Sin embargo, el caso no se limita a la protesta callejera; Jacinto Quevedo reveló que existe un proceso legal en curso, donde ha sido evaluada psicológicamente y se determinó que sus condiciones de ansiedad y depresión no la incapacitan para criar al menor. Acusa a Samano Chávez, ingeniero químico y coordinador administrativo en el Consati ubicado en la calle de Reforma, de negligencia y violencia familiar, incluyendo amenazas y falta de respeto hacia las autoridades judiciales. Según la denunciante, el niño reside actualmente con la abuela paterna, a quien señala como cómplice en los actos de violencia, mientras que la abuela materna podría asumir el cuidado si fuera necesario. Además, menciona pruebas documentadas en un grupo de WhatsApp sobre estos hechos, y critica al juez por desconocer las implicaciones de las condiciones mentales en la crianza.
Por ello, Jacinto Quevedo hizo un llamado urgente al gobernador Salomón Jara Cruz, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la magistrada Erika Rodríguez Rodríguez para que intervengan en su caso, enfatizando que se violan los derechos básicos del menor. Asegura que su exesposo utiliza al niño como «comodín» para perpetuar la violencia, excusándose frecuentemente con supuestas enfermedades sin justificantes médicos, lo que limita sus visitas. «No quiero que esto quede impune», declaró, responsabilizando directamente a Samano Chávez por cualquier eventualidad futura. Este episodio resalta las tensiones en disputas de custodia que involucran a niños con necesidades especiales, en un contexto donde las autoridades deben equilibrar evaluaciones periciales y denuncias de violencia.
