Familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 21 de junio de 2020 en Huazantlán del Río, San Mateo del Mar, Oaxaca, se enfrentaron a Elizabeth Sánchez González, titular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), al impedirle el acceso a las instalaciones del organismo. Los manifestantes la acusaron de encubrir a Raúl Rangel González, presidente municipal de San Mateo del Mar, quien estaba invitado a participar en una ponencia durante un foro organizado por el instituto. Según los inconformes, Rangel es señalado como actor intelectual en el ataque que dejó múltiples víctimas indígenas, y su presencia representa una burla ante la falta de justicia tras más de cinco años del suceso.
En medio de consignas como «¡Fuera corrupta!», los familiares y sobrevivientes expresaron su indignación por la impunidad que, aseguran, permite a los agresores circular libremente en las calles. Presentaron testimonios directos de un sobreviviente y de una mujer que perdió a su hermano en la masacre, enfatizando que no se retirarían hasta obtener respuestas y anunciando su intención de tomar el control de las instalaciones. Este acto de protesta subraya la persistente demanda de accountability en un contexto donde las autoridades electorales, a su juicio, priorizan eventos con figuras controvertidas sobre la sensibilidad hacia las comunidades afectadas.
Por su parte, Sánchez González intentó dialogar con los manifestantes, explicando que el foro involucraba a diversas autoridades y que el IEEPCO no actúa como instancia judicial ni investigadora. Pidió conciencia y respeto al derecho de participación, aunque sus palabras fueron interrumpidas por los gritos de los presentes. Este incidente resalta las tensiones entre instituciones públicas y grupos indígenas en Oaxaca, donde eventos pasados de violencia continúan generando movilizaciones para exigir avances en las investigaciones judiciales y el fin de la impunidad.
