La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) detuvo las operaciones en al menos cinco bancos de extracción de material pétreo ubicados en el cauce del río Tonameca, luego de confirmar que carecían de las autorizaciones de impacto ambiental requeridas por la Semarnat. Durante las inspecciones realizadas en el mes de marzo, las autoridades federales determinaron la clausura temporal total de estos sitios, los cuales sumaban una superficie afectada superior a los 46 mil metros cuadrados. Esta medida de seguridad responde a las alteraciones directas en el flujo natural del agua y la erosión de las riberas, factores que elevan el riesgo de inundaciones y degradan los hábitats locales.
No obstante, la problemática se extiende más allá de la región de la Costa, alcanzando puntos críticos en la Cañada, el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales. En Cuicatlán, habitantes de San José del Chilar han manifestado su rechazo a la empresa Grupo 44, señalándola por la devastación del Río Grande, mientras que en Eloxochitlán de Flores Magón, la defensa del río Xangá Ndá Ge ha derivado en denuncias sobre persecución política contra defensores mazatecos. Estas tensiones sociales subrayan un patrón de explotación que, según organizaciones como Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), se desarrolla bajo un esquema de desorden y falta de planeación ambiental.
Aunado a la degradación ecológica, la industria de la construcción en el estado enfrenta señalamientos por operar mediante contratistas vinculados a cacicazgos regionales y servidores públicos. Reportes locales identifican al menos 18 zonas de extracción en la cuenca baja del Río de los Perros y una actividad constante en afluentes como el Atoyac y el Tehuantepec. La persistencia de estas prácticas sin control técnico no solo compromete la estabilidad de los ecosistemas fluviales, sino que agrava la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en los márgenes de los ríos ante fenómenos naturales.
