En un nuevo episodio de violencia que sacude la Mixteca de Oaxaca, Carlos Hernández, un adolescente de 15 años e hijo del regidor suplente de Hacienda en Santiago Amoltepec, perdió la vida en un ataque armado la noche del 22 de septiembre de 2025. El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el centro de la población, específicamente a un costado del palacio municipal, donde se registraron múltiples disparos. En la agresión, también resultó herido Efraín Velasco Palacios, quien se encontraba en el lugar junto al joven. Según reportes iniciales, el atentado tuvo lugar en un local dedicado a la venta de cervezas, propiedad de Azucena Torres y sus hermanos Freddy T. y Bertin T., este último amigo cercano de Velasco. Los hechos se produjeron cuando ambos fueron interceptados, y Carlos recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte inmediata.
Este suceso se enmarca en un contexto de tensiones crecientes en la región, apenas una semana después de un enfrentamiento armado derivado de un conflicto agrario entre las comunidades de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza. Además, coincide con un panorama político complejo en Amoltepec, marcado por disputas en la elección de autoridades municipales. La violencia política en el municipio ha escalado desde el 15 de mayo de 2025, cuando el presidente municipal Mario Hernández y dos policías fueron asesinados en una emboscada en el paraje conocido como «El Tablero», en el camino hacia la comunidad de «El Mamey». En esa ocasión, las víctimas regresaban de madrugada de Llano Tigre y fueron atacadas a un kilómetro de la cabecera municipal por personas que los esperaban para dispararles.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Oaxaca investiga estos eventos, que se suman a otros incidentes como bloqueos carreteros en rutas como Tlaxiaco a Putla, reportados recientemente en la zona. La comunidad de Santiago Amoltepec, ubicada en una región con históricos conflictos territoriales y políticos, enfrenta ahora una mayor inseguridad que afecta a sus habitantes, incluyendo menores de edad. Autoridades locales y estatales han intensificado operativos de vigilancia, aunque persisten demandas por mayor presencia de fuerzas de seguridad para mitigar la escalada de violencia.
