En la ciudad de Oaxaca de Juárez, pedir auxilio médico de emergencia se ha convertido en un lujo. Lo que por ley debe ser un servicio público gratuito está siendo convertido, por grupos con ambulancias, en un negocio impune ante la indiferencia —o complicidad— de instituciones como el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
El caso más reciente ocurrió este fin de semana, cuando un hombre resultó lesionado en la ribera del río Atoyac. Testigos llamaron de inmediato al número de emergencias 911, el cual canalizó la atención, como lo establece el protocolo, al CRUM. Sin embargo, la familia del herido terminó pagando 1,500 pesos por el traslado y recibió la exigencia de otros mil pesos por parte del personal de la ambulancia por el tiempo de espera hasta que los recibieron en el área de urgencias del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”.
La agrupación que realizó el servicio fue identificada como Ambulancias del Valle, una de las tantas que operan sin supervisión visible, sin estar claras sus acreditaciones y sin que se respeten los principios fundamentales del servicio de urgencias en México.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, que regula la atención prehospitalaria de urgencias médicas, el Estado es responsable de coordinar y garantizar los traslados en caso de emergencias, accidentes y desastres, sin costo para el paciente, cuando se realiza a través de instancias públicas.
En Oaxaca, esta responsabilidad recae en el CRUM. cuya función es recibir reportes del 911, evaluar el nivel de urgencia, y asignar de manera equitativa, segura y gratuita los recursos disponibles, incluyendo ambulancias.
Pero la realidad dista mucho de lo que dictan los manuales. En la práctica, el CRUM permite —o no impide— que agrupaciones particulares atiendan servicios canalizados por el 911, muchas veces con cobros arbitrarios, sin regulación ni responsabilidad médica alguna.
Este tipo de abusos no es nuevo. Desde hace años, organizaciones civiles y medios de comunicación han documentado casos similares. Aquí los mas recientes:
Febrero de 2024: En el municipio de Ejutla de Crespo, dos jóvenes que sufrieron un accidente carretero fueron trasladados por una ambulancia municipal. Aunque era una unidad pública, los familiares denunciaron haber tenido que pagar 2,800 pesos por el traslado.
Marzo de 2024: Una joven se desmayó en el Mercado de Abasto, a solo una cuadra de la Cruz Roja. La ambulancia con razón social UMAP acudió y recogió a la paciente, pero al llegar el padre —hombre de bajos recursos— le exigieron 500 pesos. Como no contaba con el dinero, los paramédicos bajaron a la joven y ambos tuvieron que caminar a pie hasta pedir atención médica.
La salud y la vida no deben tener precio. En Oaxaca, miles de personas viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para ellas, pagar 1,500 pesos por una ambulancia puede significar no comer en una semana, empeñar sus pertenencias o dejar de pagar la escuela de sus hijos.
