Andrea Monserrat denunció públicamente un presunto “blindaje político” en favor de María Elena Ríos Ortiz, a quien señala como responsable de una agresión física y sexual ocurrida el 19 de diciembre de 2024 en un hospital de Oaxaca.
De acuerdo con el testimonio de la joven, el ataque habría sido perpetrado por la activista, su hermana y personal de seguridad, situación que —asegura— quedó registrada en videos. Sin embargo, afirmó que a casi un año y medio de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Tribunal Superior de Justicia no han dado avances sustanciales en el caso.
La denunciante sostuvo que la exposición mediática y el activismo de Ríos Ortiz han servido como una protección institucional que ha impedido que el proceso avance con normalidad. Señaló que mientras ella continúa buscando justicia, las autoridades han mostrado omisiones y falta de actuación.
Andrea Monserrat relató que la agresión inició dentro de un hospital y posteriormente continuó en la vía pública, donde presuntamente fue golpeada, humillada y víctima de abuso sexual, además de resultar con lesiones en sus partes íntimas.
Asimismo, acusó que durante los hechos estuvo presente la agente del Ministerio Público Luz Gabriela Pacheco Pacheco, quien —según su versión— no intervino para detener las agresiones ni brindó apoyo a la víctima pese a presenciar el ataque.
La joven aseguró que la agresión terminó únicamente tras la intervención de policías vestidos de civil, quienes evitaron que la situación escalara aún más.
Actualmente, indicó que el proceso judicial por los delitos de abuso sexual, tentativa de secuestro, lesiones y discriminación permanece detenido presuntamente por determinaciones del juez Carlos Alan Rodríguez Alcalá. Según la denunciante, el juzgador ha solicitado notificaciones presenciales en domicilios donde no ha sido localizada la activista, lo que —afirma— ha retrasado el procedimiento legal.
Andrea Monserrat también criticó la actuación de instituciones encargadas de atender casos de violencia contra las mujeres, señalando que durante la gestión de Citlalli Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres, se privilegió “no victimizar” a María Elena Ríos en lugar de investigar las denuncias presentadas.
Finalmente, hizo un llamado a las nuevas autoridades para revisar el caso sin favoritismos políticos y garantizar acceso a la justicia, señalando que ninguna figura pública debe contar con impunidad por su activismo o presencia mediática.
