Por Félix Villalobos
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que solicitará al gobierno mexicano información detallada sobre posibles desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas en el país, con un plazo hasta el 18 de septiembre de 2025 para la entrega de los datos.
La decisión, fundamentada en informes de la FIDH e IDHEAS que señalan patrones de desapariciones en estados como Coahuila, Nayarit y Veracruz entre 2009 y 2017, abre la posibilidad de que el caso se eleve a la Asamblea General de Naciones Unidas si se confirman los indicios. El Comité examinará la información entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre de 2025 para determinar las medidas a seguir.
El gobierno de México rechazó categóricamente las acusaciones de que las desapariciones forzadas sean una política de Estado, calificando cualquier insinuación al respecto como inaceptable. Las autoridades mexicanas afirmaron que colaboran con colectivos y familiares de víctimas para abordar el problema mediante nuevas iniciativas legislativas y aseguraron que cualquier servidor público implicado en este delito enfrentará investigaciones y sanciones.
México se comprometió a responder puntualmente a la solicitud de la ONU dentro de los plazos establecidos, manteniendo su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Por su parte, organizaciones civiles han destacado que México registra más de 127 mil personas desaparecidas y un 99 por ciento de impunidad en estos casos, lo que subraya la gravedad de la crisis. La ONU ha emitido 681 recomendaciones al país desde 2015, incluyendo la desmilitarización y mejoras en el Poder Judicial, muchas de las cuales no han sido implementadas.
