Las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre Morena, la Cuarta Transformación (4T) y el narcotráfico han intensificado el escrutinio hacia el partido gobernante en México. Según reportes de medios como ProPublica, agencias estadounidenses han identificado a políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador en una lista de supuestas conexiones con el crimen organizado. Entre los señalados destacan gobernadores como Marina del Pilar Ávila de Baja California, Alfonso Durazo de Sonora y Layda Sansores de Campeche, entre otros. Aunque no se han presentado pruebas públicas, las versiones periodísticas sugieren investigaciones en curso, como el caso de Ávila, cuya visa fue revocada por motivos no aclarados, pero que fuentes vinculan a una red de lavado de dinero con el grupo “Los Rusos”.
Por su parte, la Casa Blanca ha endurecido su discurso. Un comunicado del 1 de febrero acusó al Gobierno de México de ofrecer “refugios seguros” a cárteles, en medio de tensiones por amenazas arancelarias de Donald Trump. Políticos como Marco Rubio, secretario de Estado, y el expresidente Vicente Fox han reforzado estas críticas, calificando a México como un “narcoestado” y responsabilizando a López Obrador por ceder territorio a criminales. En contraste, la oposición mexicana, liderada por figuras como Lilly Téllez, ha utilizado estas acusaciones para cuestionar la legitimidad de Morena, exigiendo acciones contra un supuesto “narcopacto”.
No obstante, Morena y la 4T han rechazado categóricamente los señalamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las declaraciones de EU como “calumnias” y destacó la complicidad de armadoras estadounidenses en el tráfico de armas. López Obrador, por su parte, desestimó investigaciones de ProPublica y The New York Times que lo vinculaban con financiamiento ilícito desde 2006, retando a la oposición a presentar pruebas. El partido guinda subrayó que, a diferencia de casos como el de Genaro García Luna, su administración no tiene alianzas delictivas.
A pesar de las defensas, la falta de transparencia y la ausencia de pruebas concretas mantienen el tema en el centro de la controversia, complicando las relaciones bilaterales y la imagen de la 4T ante la opinión pública.
