El gobierno mexicano trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos sin seguir el proceso formal de extradición. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. Los reos, considerados de alto impacto y una amenaza real para la seguridad del país, fueron enviados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas hacia ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
El traslado ocurrió desde distintos centros penitenciarios, principalmente el penal del Altiplano, y forma parte de una serie de operaciones similares en la actual administración. Con esta entrega asciende a 92 el número de criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos. A solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, las autoridades mexicanas aseguraron que no se solicitará la pena de muerte para ninguna de estas personas.
El ministro en retiro José Ramón Cossío criticó la medida al argumentar que viola el orden jurídico mexicano al prescindir de procedimientos judiciales adecuados. Las autoridades federales justificaron la acción por el riesgo de liberación o dilación en procesos de extradición formales, así como por la necesidad de neutralizar amenazas inmediatas derivadas de la delincuencia organizada.
