En conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familiares de personas desaparecidas, víctimas de violencia y defensores de derechos humanos se movilizaron este 30 de agosto en Acapulco y Chilpancingo, Guerrero. Las acciones destacaron la persistente demanda de justicia y búsqueda efectiva, en un estado que registra alrededor de 4,400 casos históricos de desapariciones, posicionándolo como una de las entidades con mayor incidencia a nivel nacional. Participantes denunciaron la complicidad entre grupos criminales y corporaciones policíacas, así como la falta de interés de las autoridades en localizar a las víctimas, lo que agrava el duelo de las familias.
En Chilpancingo, más de 100 integrantes de colectivos como Lupita Rodríguez y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa marcharon desde la Alameda Central hacia el zócalo, exigiendo al gobierno estatal y federal estrategias concretas para la localización de desaparecidos. Madres buscadoras como María Engracia Guerrero señalaron que municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa concentran la mayoría de los casos, sin avances significativos en las investigaciones. Al mediodía, el obispo José de Jesús González lideró una oración en el memorial de víctimas en la Alameda, enfatizando que la lucha de las familias representa una luz ante la oscuridad del duelo prolongado. Por la tarde, colectivos como Familiares en Búsqueda María Herrera, Guerrero No Más Desaparecidos, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Centro Minerva Bello se unieron al recorrido, portando carteles, lonas y bordados con fotos de sus seres queridos, al grito de “¿Dónde están, nuestros hijos dónde están?”. Recordaron también a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, involucrando a criminales y policías.
Por su parte, en Acapulco, colectivos como Memoria, Verdad y Justicia, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos y Madres Igualtecas realizaron exposiciones fotográficas, ceremonias religiosas y pegaron fichas de búsqueda antes de marchar por la avenida Costera Miguel Alemán, desde el asta bandera hasta la glorieta de la Diana, culminando en un mitin bajo el puente Bicentenario. Allí, madres buscadoras afirmaron que las desapariciones no son voluntarias, sino forzadas por el crimen organizado bajo amenazas, y acusaron a las autoridades de simular investigaciones para desgastar a las familias. Denunciaron presiones de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Subsecretaría de Asuntos Políticos para evitar bloqueos y protestas, pero reafirmaron su movilización. Exigieron la identificación de cuerpos en el Servicio Médico Forense y en panteones ministeriales, así como la aprobación de una ley estatal en materia de desapariciones que incluya un centro de identificación genética y autonomía presupuestaria para comisiones de búsqueda y atención a víctimas, pendiente desde 2017 en el Congreso de Guerrero.
En este contexto, las protestas subrayan la indefensión de la población ante delitos como feminicidios, desplazamientos forzados y asesinatos, coreando que las desapariciones no son hechos aislados, sino crímenes de Estado. Socorro Gil Guzmán, presidenta de Memoria, Verdad y Justicia, demandó investigaciones inmediatas sin demoras y coordinación efectiva entre instituciones para rastreos.
