México no cede en su lucha contra el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras la desestimación de una denuncia contra fabricantes de armas por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno mexicano continuará con una segunda demanda enfocada en las distribuidoras y vendedoras de armamento. La decisión de la Corte argumentó que no existe una relación directa entre la fabricación de armas y su ingreso ilegal a México, un punto que el gobierno mexicano rechaza categóricamente.
A pesar del revés judicial, Sheinbaum destacó que la Fiscalía General de la República mantiene un registro detallado de las armas incautadas en México, incluyendo su número de serie, origen y uso en actividades delictivas. Este registro ha sido clave para sustentar las demandas. Además, la presidenta subrayó la importancia de la colaboración con el gobierno estadounidense, que por primera vez ha mostrado receptividad para abordar el tráfico de armas hacia México. En este sentido, el embajador de Estados Unidos publicó recientemente un mensaje reconociendo la necesidad de reducir este flujo, un paso que México valora como un avance en las negociaciones bilaterales.
La estrategia mexicana combina la insistencia legal, a través de un equipo de abogados que asesora la demanda contra las distribuidoras, con el diálogo diplomático. Sheinbaum enfatizó que el objetivo no solo es frenar el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, sino también detener el ingreso de armas que alimentan la violencia en México. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 75 por ciento de las armas confiscadas en territorio mexicano proviene ilegalmente de su vecino del norte, un dato que respalda la postura del gobierno mexicano en este litigio.
