Por: Aylin Paredes
En 2024, la Guardia Nacional, principal corporación de seguridad pública en México, enfrentó un promedio de dos denuncias penales diarias contra sus elementos, según su Informe Anual de Actividades entregado al Senado. La Unidad de Asuntos Internos de la institución presentó 286 denuncias contra 749 agentes por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, aunque el informe no detalla los tipos de delitos ni las sanciones aplicadas. Este panorama refleja los desafíos que enfrenta la corporación, subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el cumplimiento de sus labores.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 409 quejas contra la Guardia Nacional en 2024 por presuntas violaciones a derechos humanos. De estas, 171 fueron desestimadas, mientras que 238 siguen en investigación. La CNDH emitió una sola recomendación por hechos de 2023, relacionados con tortura y violaciones al interés superior de la niñez en San Luis Río Colorado, Sonora, involucrando a elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. La titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, destacó que el 85 por ciento de los expedientes contra la corporación desde 2019 se han resuelto, señalando que las quejas más comunes se refieren a seguridad jurídica, legalidad e integridad personal.
Además, la Guardia Nacional reportó la remoción de 22 elementos por indisciplina, incluyendo casos de consumo de drogas, alcohol en servicio, corrupción y uso desproporcionado de la fuerza. También suspendió temporalmente a 24 agentes por motivos similares. A pesar de estos señalamientos, la institución mantiene un nivel de confianza ciudadana del 76.6 por ciento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, superando a las policías estatales, aunque por debajo del Ejército y la Marina. En el mismo periodo, la corporación detuvo a 10 mil 069 personas y perdió a 26 elementos en enfrentamientos, mientras continúa su profesionalización con capacitaciones en derechos humanos.
En un contexto de controversia, la reciente reforma aprobada en 2024 formalizó la estructura militarizada de la Guardia Nacional, otorgándole facultades para labores de inteligencia y operaciones encubiertas, lo que ha generado críticas por el riesgo de militarización en la seguridad pública.
