Ganaderos mexicanos, liderados por Bildo Saravia, empresario de Durango, demandan la suspensión inmediata y total de la importación de ganado bovino desde Centroamérica, especialmente Nicaragua, debido a la reaparición del gusano barrenador, plaga erradicada en 1991 que afecta la sanidad del ganado. La medida responde a la emergencia sanitaria que ha llevado a Estados Unidos a cerrar su frontera a las exportaciones mexicanas, afectando a 1.5 millones de cabezas de ganado varadas en el norte del país. Saravia criticó la falta de controles sanitarios en el ganado centroamericano, que compite deslealmente con productores locales. Los ganaderos solicitan al gobierno federal un operativo de emergencia en los puntos de ingreso al centro y norte de México para supervisar estrictamente el traslado de animales.
La crisis económica y sanitaria golpea especialmente a pequeños productores de estados como Sinaloa, Zacatecas y Tabasco, quienes enfrentan dificultades para mantener rentabilidad ante la sobreoferta de ganado de dudosa procedencia. Saravia denunció que la falta de inversión en instituciones sanitarias durante el sexenio pasado permitió el resurgimiento de la plaga. Propuso un fondo de apoyo y un convenio entre engordas y productores para comercializar el ganado estancado a precios justos, mitigando pérdidas millonarias. También pidió reforzar el presupuesto de SENASICA y los comités estatales para fortalecer la inspección y proteger el estatus sanitario del país.
Los ganaderos urgen una estrategia de comunicación con Estados Unidos para abordar la crisis de manera conjunta, destacando la importancia de la cooperación con aliados en Norteamérica. Además, solicitaron monitorear la presencia del gusano barrenador en vida silvestre y crear una herramienta de información actualizada sobre la emergencia sanitaria. La petición incluye un llamado a la presidenta de México para trabajar en equipo y atender las causas de fondo de la problemática. Los productores enfatizan que proteger la economía de miles de familias y el estatus sanitario del país es una obligación del gobierno federal.
